La Magister Alfonsina Angelino, docente investigadora e integrante del Programa de Extensión «La producción social de la discapacidad (…)» de la FTS analiza el contexto actual de las manifestaciones y reclamos, que se están dando en diferentes puntos del país, de las personas con discapacidad , familiares y profesionales están realizando frente al ajuste en las prestaciones de salud.
Desde el mes de agosto en nuestro país se vienen realizando diferentes reclamos en distintos puntos del país en contra del recorte en discapacidad. Incluso persiste un acampe en Plaza de Mayo. Las manifestaciones son por pagos atrasados que vulneran los derechos de las personas con discapacidad a recibir un tratamiento integral y de las y los profesionales que no reciben los pagos por sus servicios desde hace meses.
En marco, Alfonsina Angelino señala que son situaciones que hacen estallar lo que estructuralmente se viene denunciando desde hace mucho tiempo, que hay un tema capital que tiene que ver con «los modos en que las personas que entran más con la órbita de lo que se conoce como discapacidad tienen que lidiar cotidianamente con el ejercicio de los derechos reconocidos por cualquier convención».
En esa línea, la especialista sostiene en que contexto de crisis, como la que está viviendo el país, aparecen nuevamente formas de exclusión, de vulneración y de precarización del acceso a los distintos derechos de las personas con discapacidad: a la salud, a la educación, al transporte, a la recreación.
«No al ajuste en discapacidad» es la consigna que está defendiendo en cada marcha, manifestación que congrega a los principales perjudicados en este reclamo, que entre la sobredosis de información, de versiones, de dichos y contradichos, encierra un conflicto de pagos de prestaciones. Pero para Angelino la situación es mucho más compleja. Obviamente que para ella las primeras perjudicadas son las personas con discapacidad y sus familias. Pero están también las y los profesionales que trabajan en discapacidad y que tienen derecho a cobrar por su trabajo.
En ese sentido, agrega, que hay una cuestión estructural de los fondos que se destina a la cobertura de las prestaciones en discapacidad, que es parte del conflicto y que es lo que más oscuro está, dice. ¿Dónde está la plata, quién tiene que poner los fondos, quién es el responsable de administrar ese dinero?, son algunas de las preguntas que siguen dando vueltas.
Sin dudas, el ajuste implica una restricción de derechos. Por un lado, el retraso de pagos que vulnera el derecho de recibir un cobro por un servicio que se presta, y un contexto inflacionario eso se acentúa aun más si se tiene en cuenta que los cobros demoran entre cinco o seis meses, y por otro también «es un ajuste en términos de que la restricción del acceso a derechos impide que esa vida cotidiana [de la persona con discapacidad] pueda sostenerse, en las cuestiones más básicas como ir a la escuela o sostener un tratamiento».
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Fuente: Área de Comunicación institucional FTS-UNER/ Radio UNER Paraná