Convocatoria: Proyectos de extensión dirigidos por docentes y no docentes 2025
Resoluciones:
Directora: Liza M. Benedetti
Codirectora: María Eugenia Almeida
Responsable territorial: Sandra Salina
Docentes integrantes: Alfonsina Angelino, Esteban Kipen, Marcos Priolo, María Delfina Recalde, Vilma Strada, Sonia Luquez (FCEDU), Marina Chávez (FCEDU)
Graduada: Noelia González
Estudiantes: Milagros Baarts, Lucía Méndez, Natalia Lucía Bernardi, Agustín Céspedes Paredes, Luz Fernández, Brenda Rocío Giménez, María Clara Ventura (FCEDU)
Pays: Rosa Ana Raitzin
Colaboradores externos: Natalia Pautaso, Betina Zuttion, Gabriela Bruno
Correo de contacto: vilma.strada@uner.edu.ar
Cátedras vinculadas:
- Salud Pública – Licenciatura en Trabajo Social
- Problemática Educativa – Licenciatura en Ciencias de la Educación.
- Metodología de la Investigación Social – Trabajo Social y Ciencias de la Educación
Antropología Social - Ética y Problemas Biopsicológicos en Educación
- Salud Mental, campo y supuestos – Licenciatura en Trabajo Social
Organizaciones / Instituciones vinculantes:
- Órgano de Revisión Ley de Salud Mental – Ministerio Público de la Defensa (Entre Ríos)
- RUAER
- IPRODI
- Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) – ONG
- Escuela Integral Nº 27 “Elsa Ovando” – Villaguay
- Escuela Integral Nº 7 de Sordos – Paraná
- Hospital Escuela de Salud Mental (HESM ER)
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Asociación Educativa Integral para Personas con Discapacidad (ASEDIPPD)
Este proyecto de extensión se enmarca en una trayectoria de más de 25 años de la Facultad de Trabajo Social de la UNER en torno a la producción social de la discapacidad y la salud mental. A lo largo de este recorrido se han articulado docencia, investigación y extensión desde una perspectiva crítica, situada y no extractivista, que reconoce a los sujetos en su complejidad y apuesta por la construcción colectiva de saberes.
En esta oportunidad, la propuesta busca intervenir en la intersección entre discapacidad y salud mental desde un enfoque de derechos, promoviendo prácticas colectivas en clave comunitaria e interinstitucional. Para ello se adopta un abordaje interdisciplinario que articula saberes académicos, profesionales y populares, generando procesos de co-construcción entre la universidad, las organizaciones sociales, las instituciones públicas y los actores comunitarios.
El proyecto se estructura en dos líneas de acción complementarias. Por un lado, se desarrollarán acciones interinstitucionales orientadas al intercambio y producción de saberes situados; y, por otro, se llevarán adelante acciones territoriales que potencien las prácticas conjuntas para el ejercicio de derechos, privilegiando espacios de encuentro con personas con discapacidad, usuaries de salud mental, familias, profesionales y colectivos sociales.
Entre las principales actividades se destacan talleres de sensibilización en instituciones educativas, jornadas con equipos interdisciplinarios, acompañamiento en procesos de auditoría de pensiones, ateneos clínicos, encuentros con estudiantes y organizaciones, así como la sistematización de experiencias positivas de inclusión. Estas instancias buscan no solo generar conocimiento, sino también transformar prácticas y fortalecer el trabajo en red.
La propuesta se articula con diversas cátedras de las carreras de Trabajo Social y Ciencias de la Educación, integrando la formación académica con la práctica territorial. De este modo, se espera consolidar un impacto en dos dimensiones: académica, a través de la formación crítica de estudiantes y la producción de saberes situados; y territorial, mediante el fortalecimiento de redes interinstitucionales, la visibilización de situaciones de vulneración de derechos y la promoción de la participación activa de las personas usuarias en los procesos colectivos.
Con una fuerte apuesta a la extensión crítica y a la integralidad de las funciones universitarias, este proyecto se constituye como una práctica política situada que contribuye a la construcción de mundos más justos y no excluyentes. Desde la ética del cuidado y la comprensión de la vulnerabilidad como potencia relacional, se sostiene un compromiso firme con la justicia social y con la defensa de los derechos humanos en el campo de la discapacidad y la salud mental.