Dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Deberá actualizar los salarios docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 y recomponer programas y becas para estudiantes.
La causa se inició por un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas universidades nacionales.
En relación con este avance, Franco Bartolacci, presidente del CIN, expresó: «Es muy importante, no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación esto que acaba de suceder. Y pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes, responsables, serios para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina. Mi agradecimiento a la comunidad universitaria, a la sociedad en conjunto que nos sostuvo hasta acá; y la convocatoria a seguir. Es un paso más, no llegamos a ningún lado: a seguir trabajando por la universidad que queremos».
La propuesta del gobierno
A comienzos de junio y tras meses de reclamos sostenidos por la comunidad universitaria, autoridades y gremios universitarios de todo el país aceptaron una propuesta del Gobierno Nacional sin abandonar el reclamo al pleno cumplimiento de la Ley.
La misma comprende una recomposición salarial para docentes y no docentes del 24,3%, una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, la conformación de una comisión especial que analice el estado de situación de las becas Progresar y una recomposición parcial de gastos de funcionamiento que de hasta el 20% para las universidades nacionales.
La propuesta constituye un paliativo parcial para las casas de estudio. No obstante, no suple lo dispuesto en la normativa, por lo que el reclamo de cumplimiento de la Ley sigue vigente.
Fuente: CIN